La Ley REP en Chile y el mundo y su relación con la economía circular

Por Claudia Pabón PhD y Marcelo Villena PhD, Traesure Chile

10 minutos

La Ley 20.920, que establece el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, fue promulgada el 17 de mayo de 2016. Tiene por objeto disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, a través de la instauración de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y otros instrumentos de gestión de residuos, con el fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente.

La Ley REP es uno de los instrumentos económicos más importantes que impulsa el gobierno chileno, en particular esta ley comanda a fabricantes (e importadores) de seis productos (plásticos, vidrio, metales, cartón para bebidas y papeles y cartones) a recuperar un porcentaje de ellos, una vez que terminan su vida útil, cuando se transforman en residuos.

Con la promulgación en 2021 de dos decretos que establecen metas y multas concretas por incumplimiento, a las empresas, se cambiará la forma en que se recicla en el país, aumentando las tasas de recolección y valorización de millones de envases y neumáticos.

El decreto 8 relativo a los neumáticos, aprobado en enero 2021, obligará a valorizar el 90% de los neumáticos más comunes que ingresen al país, categoría A, y el 100% de los categoría B, que corresponden a los utilizados en la industria minera. Actualmente la tasa de aprovechamiento de neumáticos usados llega solo al 17% y, del resto, una parte importante termina botado en cualquier parte, contaminando nuestro entorno y afectando la calidad de vida de las personas.

Por otro lado, el decreto relacionado a envases y embalajes tiene como meta pasar del actual 12,5% de reciclaje de envases y embalajes domiciliarios a un 60%, equivalente a los países desarrollados. El decreto establece metas específicas para cada material: Cartón para líquidos (60%), metal (55%), papel y cartón (70%), plásticos (45%) y vidrio (65%). Por otro lado, desde ahora las empresas estarán obligadas a señalar la cantidad de plástico, metal, vidrio, papel y cartón para bebidas que introducen al mercado. A los dos años, comenzarán a aplicarse multas que podrán llegar a más de los $6 millones de pesos (10.000 UTA).

La implementación de estas medidas será de manera gradual a través de los años. Para el caso de los neumáticos, a partir del 2023 se reciclará un 25% y se recolectará un 50%, para llegar a un 90% en 2030. En los envases y embalajes domiciliarios, el plástico comenzará con un 3% de valorización, para llegar a un 45% a partir del año número 12. El papel y cartón partirá con un 5% y terminará en un 70%. El metal, en tanto, comenzará con un 6% y finalizará con un 55%, mientras que el vidrio tendrá una partida de 11% para cerrar con un 65% el duodécimo año.

Se estima que esta nueva normativa afectará a más de 14 mil empresas. Sin embargo, no afectará a las PYMES que produzcan menos de 300 kg. de residuos al año.

En la práctica esta legislación requiere de un sistema de gestión que cuente con diversas medidas para el acopio de los materiales. Por ejemplo, se requieren puntos limpios en la mayoría de las comunas de Chile, ya se habla de que en cuatro años se instalarán 350 nuevos puntos limpios. Asimismo, las municipalidades deberán implementar un sistema de recolección puerta a puerta, es decir, pasará el camión del reciclaje. Las municipalidades por su parte deberán elaborar ordenanzas para que los vecinos que cuenten con el servicio del “camión del reciclaje” separen correctamente sus envases. Si no lo hacen, se expondrán a multas y, además, el camión del reciclaje no se llevará los envases mal clasificados o que no estén en las condiciones óptimas.

Por otro lado, el impacto social de la medida en los recicladores de base se asume incorporándolos en al menos el 50% de los puntos limpios. Además, existe una mayor equidad geográfica, ya que los basurales suelen estar donde los terrenos son más baratos, los cuales se encuentran en las comunas más pobres, o en terrenos a las afueras de las grandes ciudades, que pudiesen ser aprovechados con otros fines.
Si bien la regulación chilena pretende adelantar varios logros en esta materia, aún debe ponerse al día y ojalá superar los logros que en la materia han hecho otros países.

Al respecto varios países han dado pasos importantes en política pública y definición de metas en materia de economía circular y responsabilidad extendida al productor. Entre los más destacados están Dinamarca, Escocia, Holanda, Suecia y Japón. Por ejemplo, en relación a los electrodomésticos, la Unión Europea exige desde el 2021 una fabricación de mayor durabilidad, en vez de solo fomentar el reciclaje. Entre otras cosas, los fabricantes deben garantizar que equipos como lavavajillas, secadoras, aparatos de refrigeración y lavadoras proporcionen una disponibilidad mínima de 7 a 10 años de repuestos después de la compra, permitir el reemplazo de estas piezas con herramientas de uso común y garantizar la disponibilidad de la información relevante para que ocurra la reparación en caso de ser necesaria.

Este tipo de medidas incentivan nuevos modelos de negocio donde las empresas buscan ya no vender más equipos o productos sino vender durabilidad y garantía de mantenimiento y reemplazo. De esta manera, tanto los consumidores, las empresas y el ambiente ganan. De hecho, la UE estima que la economía circular puede ahorrar a las empresas de sus países miembros 600.000 millones de euros. Por otro lado, Japón aplica la ley REP en empaques, electrodomésticos y baterías, destacando que en el caso de los electrodomésticos cerca del 50% del costo del reciclaje recae en el consumidor final; De esta manera se logra dar una señal al consumidor antes de que tome la decisión de comprar un nuevo equipo e incluso da incentivos para prolongar su vida útil en caso de que este aún no sea obsoleto.