La fabricación de una bolsa de plástico demora 1 minuto, tiene una vida útil de 15 a 30 minutos, pero tarda 400 años en degradarse

Por Claudia Pabón PhD y Marcelo Villena PhD, Traesure Chile

La transición hacia una economía circular requiere de un cambio profundo de las personas y empresas. Las preferencias de las personas y sus hábitos de consumo están al centro de lo que llamamos economía lineal (“comprar, usar, desechar”). Si todos cambiamos nuestros hábitos de consumo y preferencias las empresas más circulares venderían más, mientras que las lineales comenzarían a decaer generándose la transición que buscamos. Es por esto que, para transitar hacia una economía circular, la política pública debe guiar el cambio de hábitos y de prácticas de producción y comercialización.

Es interesante notar que la Comisión Europea para abordar la EC de forma holística, adopta un enfoque de ciclo de vida a la hora de diseñar propuestas dirigidas a aspectos específicos de la producción, el consumo y la gestión de residuos. Esto se documenta en los Planes de Acción de la Economía Circular de la UE del año 2015 – (COM (2015) 614 final y COM (2020) 98 final) -, en los que se incluyen varios instrumentos políticos en diferentes etapas del ciclo de vida.

En Chile se hacen esfuerzos a nivel de política pública medioambiental desde hace décadas buscando proteger a la población de los efectos adversos de la contaminación a partir de la restricción a las emisiones al aire y al agua.

Sin embargo, la nueva política pública en materia de economía circular tiene algunas características que la hacen distinta a la anterior, en cuanto a que no solo se centra en descontaminar sino que tiene como gran potencial la posibilidad de reemplazar sistemas y materiales obsoletos por aquellos que lleven a regenerar la base productiva de nuestro planeta, generando a su vez oportunidades para nuevos negocios éticos y alineados con este objetivo.

Por otro lado, la nueva política pública utiliza también nuevas herramientas y las dirige a nuevos actores. Mientras que en la legislación tradicional el ciudadano tiene un rol limitado en prevenir su propia contaminación, en este nuevo esquema es el ciudadano el protagonista, por cuanto debe hacerse cargo de su propia basura separándola en las fracciones correspondientes y, por sobre todo, debe guiar su consumo hacia las nuevas opciones menos contaminantes. Asimismo, en la nueva legislación, a las sanciones tradicionales se suma el financiamiento por parte de las empresas de la gestión de sus residuos y su trabajo mancomunado con las municipalidades para lograr cambiar la ruta de la disposición final de residuos.

La ley ambiental y el paradigma lineal

La historia ha probado que los cambios suelen acelerarse cuando el Estado regula a las personas y empresas. La Ley N° 19.300 Base del Medio Ambiente (1994) es un ejemplo de ello, ya que a partir de ella se comienzan a generar estándares ambientales de aire, agua y suelo en Chile. La regulación ambiental que se ha generado limitó lo que podíamos hacer como sociedad, por ejemplo prohibiendo los desechos tóxicos o botar basura en sitios eriazos, o el uso de las estufas de leña, pero también permitió que como sociedad lograramos una mejor calidad de vida. Este tipo de políticas se llaman de comando y control (algo así como mandar y controlar).

Alternativamente se pueden imponer regulaciones que apuntan a generar incentivos y desincentivos económicos, llamadas instrumentos económicos, como son los impuestos, subsidios o la generación de mercados, como es el caso de la pesca. Mientras las políticas de comando y control suelen ser muy efectivas si se cuenta con un monitoreo y sanciones adecuadas, los instrumentos económicos suelen ser más eficientes y pueden incentivar de mejor manera la innovación.

No existe una regulación perfecta, en ningún ámbito, y la regulación ambiental no es la excepción. Por un lado, las empresas y personas generalmente las recibimos como un castigo y buscamos cómo vulnerarlas, tendiendo usualmente a reducir nuestros costos y aumentar nuestra comodidad. Por otro lado, los procesos y productos por lo general no se cuestionan y más bien se incentiva a solucionar los problemas una vez creados, como tratar el agua una vez que ha sido contaminada o poner filtros en autos y chimeneas para eliminar emisiones.

En este sentido, la ley ambiental se construye desde una mirada lineal, en cuanto a que no cuestiona en primera medida nuestras decisiones a nivel de diseño de productos y procesos o a nivel de consumo, y ve a empresas y ciudadanos como agentes poco interesados en el ambiente, que reaccionan principalmente a sanciones.

La política chilena en economía circular

Sin duda, una política pública circular activa y eficiente es clave para lograr una transición pronta hacia una economía circular. Esta política requiere incentivar un cambio en los hábitos de las personas (demanda) y prácticas productivas de las empresas (oferta). Afortunadamente, este carro ya comenzó a moverse en Chile y tendrá impactos profundos en nosotros como consumidores y en las empresas, lo que a continuación describimos.

Actualmente en Chile, existen tres regulaciones claves que buscan acercarnos a una economía circular. Primero, la Ley de plástico de un solo uso, segundo, la Ley de residuos orgánicos, y finalmente la Ley REP, Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, que hace casi 15 años se comenzó a discutir y este año se aprobaron los primeros dos decretos que regulan su implementación. Además, Chile cuenta desde hace tan solo unas semanas con una Hoja de Ruta en Economía Circular, con metas concretas que guiarán el avance en materia de política pública en adelante.

Los plásticos y la economía circular en Chile

La regulación de los plásticos en Chile comenzó con la prohibición de entregar bolsas plásticas en los supermercados y hoy se consolida con una nueva legislación, la de los plásticos de un solo uso, la cual fue aprobada por el Congreso en mayo de este año.

La ley que prohibió las bolsas plásticas nació de municipios, fundamentalmente del sur del país, que implementaron estas regulaciones en sus comunas a raíz de la toma de conciencia de muchas personas de la realidad lineal de este producto: La fabricación de una bolsa demora 1 minuto, tiene una vida útil de 15 a 30 minutos, pero tarda 400 años en degradarse. Esta regulación de 2018 en un principio afectó solo a grandes comercios y desde el 3 de agosto de 2020 alcanza también a pequeños y medianos comercios. El éxito de la ley es claro: Previo a su publicación se usaban 3.400 millones de bolsas plásticas al año, equivalente a 200 bolsas anuales por persona, y ya al año 2020 se habían dejado de entregar 5.000 millones de bolsas plásticas.

Le sigue a esta ley una más ambiciosa, la ley que prohíbe plásticos de un solo uso, que comienza su implementación en seis meses más. Esta ley está dirigida a establecimientos que venden alimentos, como restaurantes, cafeterías y otros locales que sirven comida, los cuales desde ahora deberán ofrecer productos reutilizables, cuando el consumo se realice en sus recintos. Los negocios para llevar, tan populares ahora en la pandemia, tendrán prohibido entregar elementos desechables de plástico. Entre los productos regulados se encuentran vasos, tazas, tazones, cubiertos, mezcladores, bombillas, platos, sachets y bandejas de comida preparada. El proyecto también regula las botellas plásticas, exigiendo la venta de botellas retornables, lo que regirá para supermercados, almacenes y minimarkets. Por su parte, las botellas desechables están permitidas si son hechas a partir de material reciclado recolectado en el país.

La ley que prohíbe plásticos de un solo uso representa un paso importante hacia la circularidad, ya que plantea el reducir en vez de reciclar, lo cual como sabemos es mucho más eficiente y circular. Sin embargo, ya han salido críticos que nos alertan que se va a incentivar el uso de otros materiales, como el papel y el aluminio, que también requieren de energía en su fabricación y de una vía de disposición adecuada para retornar al ciclo.

Fuente: CENEM

Los residuos orgánicos: una fracción que retornará al ciclo natural en Chile

Los desechos orgánicos en Chile representan cerca del 60% de los residuos sólidos, esto es cerca de 5 millones de toneladas por año. Estos provienen de nuestros hogares, ferias libres y parques, y representan más del doble que los envases y embalajes. Lo que es más preocupante es que solo un 1% del total de toneladas de estos residuos se valorizan.

Los residuos orgánicos, como son los restos de frutas y verduras, cáscaras de huevo, granos de café y hierbas, entre otros, pueden en la práctica ser valorizados, a partir de su transformación, por ejemplo mediante el uso de composteras y/o vermicomposteras, en tierra con alto valor agrícola.

El aprovechar los residuos orgánicos plantea un doble beneficio: Primero, podemos aprovechar la gran cantidad de nutrientes que aun poseen y, segundo, podemos evitar costos ambientales que provocan sus desechos, como son las moscas, aves y roedores; los olores molestos y los gases de efecto invernadero (principalmente metano). El proceso de valorización consiste en ver a la basura como un activo más que como solo un costo, tal como lo hace la naturaleza, donde nada se desperdicia, ni siquiera la muerte de un árbol o un animal.

Hace ya casi un año, en agosto de 2020, el Ministerio de Medio Ambiente dio a conocer la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos (ENRO) (https://economiacircular.mma.gob.cl/residuos-organicos/), dando inicio a la consulta pública. A través de ella se busca que la ciudadanía genere menos residuos orgánicos, generar una mayor separación de estos en su origen y, a su vez, una mejor utilización de los mismos como recursos en la producción de mejoradores de suelo y de energía, aprovechando sus nutrientes, su agua y la energía que contienen. En concreto, se plantean metas específicas para los próximos 20 años sobre el tratamiento de este tipo de desechos, como por ejemplo el pasar de un 1% de valorización al 66% para el año 2040.

Al igual que en el caso del plástico, para una mayor valorización de los residuos orgánicos se requiere generar reglas e incentivos correctos para que las personas y empresas modifiquen la forma de relacionarse con sus desechos.

Si bien la prohibición en sí no se diferencia de mecanismos previos, es la educación, que va de la mano con la puesta en marcha de las estrategias de separación en el origen, donde está la clave para lograr una sociedad circular, pues las personas, al hacerse cargo de gestionar su propia basura, se hacen más conscientes de su generación y la responsabilidad que conlleva.

Fuente: MMA

La nueva regulación que en enero 2021 estableció metas y multas para neumáticos, en marzo de este año comenzó a regular envases y embalajes de la ley de reciclaje. Asimismo, al año 2023, primer año de aplicación de las metas, el 10% de las viviendas del país deberán tener el retiro en su hogar de productos reciclables. Para el año 2034 se espera que la cobertura alcance el 80% de los hogares de Chile.

Sin dudas, con la publicación la Ley REP y sus decretos asociados se da inicio a una nueva forma de reciclar, donde la responsabilidad no cae ya solo en los consumidores, que voluntariamente tenían que ir a los puntos limpios, sino que las empresas deberán financiar sistemas de gestión y recolección del reciclaje de los envases y embalajes que generan directamente a nuestros hogares, y los municipios tendrán que organizar la recolección facilitando todo el proceso.

Sin embargo, la recolección no es la única etapa en el proceso de gestión de residuos; garantizar vías adecuadas de valorización de los residuos separados es crucial. Sabemos que muchos de los residuos plásticos reciclados no tienen vías de valorización viables, que en muchos casos la capacidad de procesamiento está muy por debajo de la cantidad de residuos recuperados y que en el caso de materiales como el papel y el cartón los ciclos de reutilización son limitados dado que se produce el denominado downcycling, o baja en la calidad de los materiales. En el estudio de caso, discutiremos y compararemos las medidas chilenas en materia de Ley REP con el contexto mundial, dilucidando necesidades de legislación aún pendientes.

En su conjunto esta nueva legislación representa un gran paso para lograr una economía circular en el país. Sin embargo, más allá de la mejor gestión de los residuos para su reciclaje y valorización, lo que muchos esperamos es un cambio en el diseño de productos y procesos y en los hábitos de consumo de la población, que realmente permita la regeneración de los ecosistemas terrestres.

La hoja de ruta en economía circular es un primer paso en cuanto plantea metas para la reducción en la cantidad de residuos que se producen, si bien estas son aún modestas (Ver Box). La crisis global requiere un cambio profundo, un compromiso ético de cada una de las empresas y personas que actuamos en esta economía. La legislación es más que nunca necesaria para acompañar el cambio de hábitos y prioridades de la sociedad.